El colectivo Justicia Legítima realizó en la tarde de hoy su segundo encuentro nacional en el Teatro Argentino de La Plata ante más de 1.000 personas. Sobre el cierre del encuentro se anunció la creación de la asociación civil Justicia Legítima, cuya titular será presidenta de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires, María Laura Garrigós de Rébori.
También participará como secretario de la organización el fiscal general Jorge Auat y entre los miembros de la comisión directiva se encuentran la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez; el juez de Casación Alejandro Slokar; el juez del Superior Tribunal de Mendoza Omar Palermo; los fiscales Javier De Luca y Félix Crous y el ex juez y ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni. También participan de la asociación funcionarios y trabajadores de la justicia y miembros de organizaciones de la sociedad civil como el CELS, INECIP y Abuelas de Plaza de Mayo.
En su discurso, Garrigós sostuvo que “no somos los legítimos, sino los que pretendemos serlo” y aclaró que esta asociación no es “contra nadie” porque aspira a lograr acuerdos amplios sobre la necesidad de transformar la administración de justicia.
“Llevo 30 años en la justicia y nunca vi este número de gente coincidir acerca de la necesidad de impulsar cambios de base”, remarcó.
La jueza también se refirió a los recientes proyectos que impulsan cambios en la justicia y a los amparos presentados en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura. Respecto de esta práctica, consideró: “Esto es fórum shopping: si no consiguen la cautelar en un tribunal, la van a conseguir en otro” y aseguró que se trata de “una maniobra de la corporación”.
Respecto de la conformación de la asociación, Garrigós anticipó que podrá afiliarse cualquier persona mayor de 18 años. También explicó que la asociación se constituirá en la ciudad de Buenos Aires, pero aclaró que habrá delegaciones en todo el país. Por último, convocó al próximo encuentro que tendrá lugar en el mes de noviembre, para presentar el trabajo de las filiales y anunció una visita a la provincia de Mendoza en el mes de septiembre.
El segundo encuentro nacional comenzó a las tres de la tarde de hoy con una apertura a cargo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el ex juez español Baltasar Garzón; el juez del Superior Tribunal de Mendoza, Omar Palermo y el Defensor General de la ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim. La jornada contó además con dos paneles conformados por organizaciones sociales y trabajadores de la justicia.
En su intervención, Baltasar Garzón aseguró que “la justicia debe legitimarse, no desde la corporación, sino hacia afuera, con la sociedad: el pueblo tiene que legitimar a la justicia día a día”.
“Hay que combatir y eliminar las zonas oscuras de la justicia. Argentina es ejemplo en el mundo por los juicios por crímenes de lesa humanidad, ese buen desempeño tiene que generalizarse”, remarcó.
Por su parte, Omar Palermo reiteró que la reforma judicial era necesaria pero que constituye sólo “un punto de inicio” y aseguró que los próximos pasos tienen que ver con “profundizar el debate e interpelar al sistema desde adentro y desde afuera”.
Palermo reivindicó también el valor de los juicios por crímenes de lesa humanidad porque “mostraron la feudalización y el corporativismo de la justicia”. Pero aseguró que los crímenes del terrorismo de Estado no deben ser el único límite, sino que ese ejemplo debe extenderse a temas como la violencia institucional y la “demagogia punitivista”. Además, se pronunció a favor de “discutir el perfil de los jueces” y avanzar hacia un verdadero sistema acusatorio.
A su turno, Kestelboim reclamó eliminar el “privilegio insólito” con que cuenta la Corte Suprema para rechazar expedientes sin emitir un fundamento, invocando el artículo 280 del código procesal. Además, recordó el caso del juez Armella, a cargo de la ejecución del fallo en la causa por el Riachuelo, quien fue removido por el máximo tribunal recién después de que se hicieran públicas graves denuncias de corrupción. “Esto es lo que Justicia Legítima se niega a aceptar”, enfatizó.
Finalmente, Gils Carbó remarcó que, desde el primer encuentro de Justicia Legítima, realizado en febrero en la Biblioteca Nacional, la agrupación “ha crecido y se ha transformado en un espacio mucho más amplio”. Además, anunció que se va a constituir en una asociación civil “muy diferente de otras porque no va a trabajar para el beneficio de sus miembros, sino de toda la sociedad”.
Además, la Procuradora remarcó que los recientes proyectos de reforma judicial constituyeron “un primer paso para quebrar el funcionamiento corporativo de la justicia”.
Gils Carbó también se refirió a las denuncias recibidas a raíz de la creación de nuevas estructuras destinadas a combatir el crimen organizado y los nombramientos de fiscales ad hoc y subrogantes. Al respecto sostuvo que “hoy somos testigos de un ataque a la Constitución Nacional, porque atacar la autonomía y las funciones del Ministerio Público, es atacar el artículo 120 de la Constitución”.
“Cuando quieren atar de pies y manos al Ministerio Público están atacando la Constitución y están entregando la sociedad al crimen organizado porque no tenemos una suficiente dotación de fiscales para atacarlo”, precisó.
Por último, la Procuradora General sostuvo: “Todos los que nos autoconvocamos en diciembre pasado sabíamos que esto no iba a ser gratis porque conocemos desde hace tiempo cómo operan las corporaciones que buscan segregar, disciplinar a quienes no siguen sus reglas. Nosotros sólo tenemos para decirles que Justicia Legítima vino para quedarse y que cada día somos más. Porque, mal que les pase, cuando la justicia es legítima atrae a los seres humanos. Creemos en el cambio, creemos que es posible una nueva justicia para la democracia y ese cambio recién comienza”.
Fuente: justicia.legitima.argentina@gmail.com
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