DEBATE SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA - MPP

FINALIZÓ EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE JUSTICIA LEGÍTIMA

El colectivo Justicia Legítima realizó en la tarde de hoy su segundo encuentro nacional en el Teatro Argentino de La Plata ante más de 1.000 personas. Sobre el cierre del encuentro se anunció la creación de la asociación civil Justicia Legítima, cuya titular será presidenta de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires, María Laura Garrigós de Rébori.

También participará como secretario de la organización el fiscal general Jorge Auat y entre los miembros de la comisión directiva se encuentran la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez; el juez de Casación Alejandro Slokar; el juez del Superior Tribunal de Mendoza Omar Palermo; los fiscales Javier De Luca y Félix Crous y el ex juez y ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni. También participan de la asociación funcionarios y trabajadores de la justicia y miembros de organizaciones de la sociedad civil como el CELS, INECIP y Abuelas de Plaza de Mayo.

En su discurso, Garrigós sostuvo que “no somos los legítimos, sino los que pretendemos serlo” y aclaró que esta asociación no es “contra nadie” porque aspira a lograr acuerdos amplios sobre la necesidad de transformar la administración de justicia.

“Llevo 30 años en la justicia y nunca vi este número de gente coincidir acerca de la necesidad de impulsar cambios de base”, remarcó. 

La jueza también se refirió a los recientes proyectos que impulsan cambios en la justicia y a los amparos presentados en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura. Respecto de esta práctica, consideró: “Esto es fórum shopping: si no consiguen la cautelar en un tribunal, la van a conseguir en otro” y aseguró que se trata de “una maniobra de la corporación”.

Respecto de la conformación de la asociación, Garrigós anticipó que podrá afiliarse cualquier persona mayor de 18 años. También explicó que la asociación se constituirá en la ciudad de Buenos Aires, pero aclaró que habrá delegaciones en todo el país. Por último, convocó al próximo encuentro que tendrá lugar en el mes de noviembre, para presentar el trabajo de las filiales y anunció una visita a la provincia de Mendoza en el mes de septiembre.

El segundo encuentro nacional comenzó a las tres de la tarde de hoy con una apertura a cargo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el ex juez español Baltasar Garzón; el juez del Superior Tribunal de Mendoza, Omar Palermo y el Defensor General de la ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim. La jornada contó además con dos paneles conformados por organizaciones sociales y trabajadores de la justicia.

En su intervención, Baltasar Garzón aseguró que “la justicia debe legitimarse, no desde la corporación, sino hacia afuera, con la sociedad: el pueblo tiene que legitimar a la justicia día a día”.

“Hay que combatir y eliminar las zonas oscuras de la justicia. Argentina es ejemplo en el mundo por los juicios por crímenes de lesa humanidad, ese buen desempeño tiene que generalizarse”, remarcó.

Por su parte, Omar Palermo reiteró que la reforma judicial era necesaria pero que constituye sólo “un punto de inicio” y aseguró que los próximos pasos tienen que ver con “profundizar el debate e interpelar al sistema desde adentro y desde afuera”.

Palermo reivindicó también el valor de los juicios por crímenes de lesa humanidad porque “mostraron la feudalización y el corporativismo de la justicia”. Pero aseguró que los crímenes del terrorismo de Estado no deben ser el único límite, sino que ese ejemplo debe extenderse a temas como la violencia institucional y la “demagogia punitivista”. Además, se pronunció a favor de “discutir el perfil de los jueces” y avanzar hacia un verdadero sistema acusatorio.

A su turno, Kestelboim reclamó eliminar el “privilegio insólito” con que cuenta la Corte Suprema para rechazar expedientes sin emitir un fundamento, invocando el artículo 280 del código procesal. Además, recordó el caso del juez Armella, a cargo de la ejecución del fallo en la causa por el Riachuelo, quien fue removido por el máximo tribunal recién después de que se hicieran públicas graves denuncias de corrupción. “Esto es lo que Justicia Legítima se niega a aceptar”, enfatizó.

Finalmente, Gils Carbó remarcó que, desde el primer encuentro de Justicia Legítima, realizado en febrero en la Biblioteca Nacional, la agrupación “ha crecido y se ha transformado en un espacio mucho más amplio”. Además, anunció que se va a constituir en una asociación civil “muy diferente de otras porque no va a trabajar para el beneficio de sus miembros, sino de toda la sociedad”.

Además, la Procuradora remarcó que los recientes proyectos de reforma judicial constituyeron “un primer paso para quebrar el funcionamiento corporativo de la justicia”.

Gils Carbó también se refirió a las denuncias recibidas a raíz de la creación de nuevas estructuras destinadas a combatir el crimen organizado y los nombramientos de fiscales ad hoc y subrogantes. Al respecto sostuvo que “hoy somos testigos de un ataque a la Constitución Nacional, porque atacar la autonomía y las funciones del Ministerio Público, es atacar el artículo 120 de la Constitución”.

“Cuando quieren atar de pies y manos al Ministerio Público están atacando la Constitución y están entregando la sociedad al crimen organizado porque no tenemos una suficiente dotación de fiscales para atacarlo”, precisó.

Por último, la Procuradora General sostuvo: “Todos los que nos autoconvocamos en diciembre pasado sabíamos que esto no iba a ser gratis porque conocemos desde hace tiempo cómo operan las corporaciones que buscan segregar, disciplinar a quienes no siguen sus reglas. Nosotros sólo tenemos para decirles que Justicia Legítima vino para quedarse y que cada día somos más. Porque, mal que les pase, cuando la justicia es legítima atrae a los seres humanos. Creemos en el cambio, creemos que es posible una nueva justicia para la democracia y ese cambio recién comienza”.

Fuente: justicia.legitima.argentina@gmail.com

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL "JUSTICIA LEGÍTIMA"

NUEVA PROCURADURÍA DE NARCOCRIMINALIDAD

La creación y puesta en marcha de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en el seno de la Procuración General de la Nación de la República Argentina, renueva las esperanzas de comenzar a contar con una política criminal visible en materia de delitos relacionados con diferentes clases de estupefacientes.

Y que el Ministerio Público Fiscal nacional (MPF) haya puesto al frente de esta nueva oficina especializada a una persona de marcada trayectoria profesional, con profunda experiencia en materia de Derechos Humanos (Félix Crous), permite presumir que dicha política criminal tendrá un enfoque garantista, en el sentido de propender a la coincidencia entre el Derecho penal vigente con el Derecho penal válido y el Derecho penal efectivo.

Mirando en retrospectiva observamos que el MPF (cuando la institución estuvo a cargo de otras autoridades) supo contar con la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO). Sin embargo, los resultados de esa oficina fueron nulos en pos de abordar seriamente los tópicos encerrados en su rimbombante denominación. Esa situación y los affaires que involucraron a ciertos funcionarios que revistaban en el organismo determinaron su achicamiento y posterior disolución (para apreciar el por qué de estas afirmaciones hágase click aquí, acá; aquí, también acá y finalmente aquí).

Desde entonces pasaron años sin que el Ministerio Público exhibiese mayores niveles de preocupación por: (a) recabar información cuantitativa y cualitativamente útil para implementar cursos de acción en materia de delitos relacionados con diversos estupefacientes, (b) abordar la conflictividad criminal vinculada a las distintas clases de drogas de modo coordinado (tendiente a demarcar criterios de unidad de actuación), orientando la selectividad hacia los estratos más fuertes y poderosos que componen la problemática (productores, traficantes y contrabandistas de peso, actores politicos e institucionales —fuerzas de seguridad—), (c) reducir el clientelismo penal en referencia a sectores más vulnerables (lo cual, indefectiblemente, engloba la mirada de género), (d) asimilar la necesidad de interactuar con sectores de la sociedad civil.

Como se ha dicho, la puesta en funcionamiento de la PROCUNAR (con los fundamentos en que se basa su creación)  torna válido ilusionarse con que el cuadro de situación que acaba de ser bosquejado se revierta. Más aún, es necesario que las miradas estén atentas de cara a la exigencia de un progreso institucional en la materia. Pero también será necesario que el poder político aumente el compromiso, brindando elementos hasta ahora ausentes (sistema de enjuiciamiento acusatorio, policía judicial, etc.), que si bien no son totalmente determinantes del curso de acción de la política criminal del MPF, sí son altamente condicionantes para su debido desarrollo.

DSA.
Las opiniones vertidas en este y en todos los posteos de este blog son estrictamente personales y no relacionadas a la actividad profesional.

Interviú a la Procuradora General y al titular de la Procunar

 finalizado el acto de su lanzamiento 

Palabras del titular de la Procunar 

en el acto de su puesta en funcionamiento

Parte 1

Parte 2

ENCUENTRO POR UNA JUSTICIA LEGÍTIMA

Enero: un mes que suele resultar intrascendente en materia judicial (aunque —como algunos sabemos— puede ser muy propicio para "cocinar" algunos asuntillos, mientras muchos descansan, algunos se divierten y a otros las olas y el viento no los dejan ver...).

Aún así, en lo que va de 2013, el "mes de feria" viene resultando ciertamente atípico para los interesados en la administración de justicia. Y temas sobran; entre ellos la expectativa que ha generado en muchos —me incluyo— el denominado Encuentro por una Justicia Legítima. 

Para aquellos a los que la memoria les juegue una mala pasada, recordemos rápidamente que hacia fines de 2012 vio la luz un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y Federación Argentina de la Magistratura.

Una considerable cantidad de magistrados, funcionarios —colectivo en el que me vuelvo a incluir— y académicos no se sintieron representados por la evocada manifestación e inmediatamente surgió como respuesta la solicitada "Una Justicia legítima". Pocos días después, tal documento se vio ratificado y reforzado mediante un nuevo comunicado, intitulado "Hacia una Justicia Legítima", que sumó varios centenares de adhesiones, y por el cual se anunció un encuentro nacional para debatir sobre el rol de la administración de justicia en la Argentina.

El propósito de este post es sumar un granito de arena (aunque no estemos en la playa), y poner a disposición un compilado —casero— que nuclea algunas apreciaciones representativas sobre toda esta temática. Corrsponden a Alejandro Slokar (juez / académico), Eduardo Barcesat (académico), Víctor Abramovich (académico), Félix Crous (fiscal), Jorge Auat (fiscal) y Carlos Rozanski (juez). La meta es contribuir a la difusión y comprensión de los alcances del evento, cuya agenda es abierta y que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional durante los días 27 y 28 de febrero de 2013.

Desde ya se aclara que algunas de las ideas que surgen de estos testimonios pueden ser polémicas, pero, precisamente, la onda es escuchar, analizar, llegado el caso debatir y propender a un cambio de paradigma (claro... en la medida que se esté dispuesto a no cerrar los ojos y hacerle el caldo gordo al status quo).

De modo adicional, ya que algunas veces se alude en el vídeo a la denominada "familia judicial", dejamos a disposición un trabajo de investigación (La construcción de la trama política del Poder Judicial, de Gutiérrez, Álvarez y Kolker), que constituye una buena manera de acercarse al concepto.

POST PUBLICACIÓN agrego dos notables entrevistas vinculadas al tópico que aquí tocamos; una a Raúl Zaffaroni y otra a Stella Maris Martínez.

También un reportaje al juez Alejandro Slokar y testimonios de los fiscales Félix Crous, Jorge Auat y Javier De Luca.

DSA.

¡ATENCIÓN! HOMBRES TRABAJANDO

¿Puede decirse que Galeano está de moda?

Probablemente.

Tal vez sea por eso —y porque los cumpleaños justifican la llegada de preciados obsequios— que Los hijos de los días (Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2012) ande rolando entre aquello y esto que hojeo más o menos a diario.

Hoy sucedió una de esas casualidades, compatibles con una obra que, como la señalada, en cada página estampa una reflexión para un día específico del año: al abrir el libro sin la guía de señalador alguno, me topé azarosamente con la lectura correspondiente a este...

Mayo 20

Un raro acto de cordura

          En 1998, Francia dictó la ley que redujo a treinta y cinco horas semanales el horario de trabajo.

          Trabajar menos, vivir más: Tomás Moro lo había soñado, en su Utopía, pero hubo que esperar cinco siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común.

          Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia?

          Por una vez, al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sinrazón.

          Pero poco duró la cordura. La ley de las treinta y cinco horas murió a los diez años.

A cualquier empleado sel sector de la administración de justicia federal argentina (cuya carga horaria, oficialmente, es de treinta horas semanales) la narración del literato uruguayo pordrá hacerlo disparar hacia diferentes razonamientos, incógnitas y búsquedas.

En condiciones ordinarias el mandato para un judicial es trabajar de lunes a viernes de 7.30 a 13.30. A ese dato se le debe sumar que la actividad es incompatible con la lícita realización de labores adicionales por fuera de algunas pocas (por ejemplo: la docencia).

Entonces, los miembros de ese segmento de trabajadores (que no estén pensando en "quedarse en el molde"), podrán identificarse —de alguna manera— con el concepto de población subocupada (ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias), sea en su versión demandante (están dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación) o no demandante (están dispuestos a trabajar más horas pero no buscan otra ocupación).

Si como el sector gremial lo ha planeado, se llegase a una unificación del horario de todos los trabajadores judiciales en siete horas diarias semanales, se estaría logrando una paridad con la situación de hecho que imperó en Francia de la que hablaba Galeano con acentuada admiración.

Aún así, seguro se escucharán voces que tacharán de insuficiente esa cantidad; sea por los atrasos en los procesos, por la comparación con la carga horaria de los "laburantes" de otros segmentos, etc. Respuestas varias se podrán ensayar en ese punto, tales como el relativo nivel de incidencia que puede tener la hora de trabajo hombre frente a la existencia de sistemas procesales majestuosamente obsoletos; o la innecesaria equiparación de horarios con sectores que tienen horizontes bien diferentes —vg. el lucro— y que, tal vez, deberían replantearse las propias sobrecargas horarias de sus estamentos no superiores.

Lo que sigue quedando debajo de la alfombra es que existe una enorme cantidad de judiciales que, en las condiciones legales que imperan hoy (30 horas semanales de dedicación exclusiva), se transforman en pura plusvalía subterránea, cuando pasadas las seis horas diarias de trabajo (sea o no que las cumplan en el lapso de atención al público —7.30 / 13.30—), continúan en funciones de modo oculto y silenciado. Se replicará: existen mecanismos para que a esos empleados se les habilite, con o sin acreditación de horas extra. Contrarréplica: es muy poco frecuente el efectivo empleo de tales herramientas, que autodelatan deficiencias en las estructuras judiciales y que dan pie a reclamos de orden sindical cuando se las utiliza fuera de los casos de excepción.

Durante ese tiempo regalado, el judicial se acerca más de lo deseado a la calidad de meritorio, categoría que normativamente se ha buscado erradicar (al menos en la órbita del Poder Judicial). El tema, incluso, puede exceder la recortada visión que aquí se le ha dado, desde el momento en que se emparenta con materias como la fiscal, de la seguridad social, de riesgos de trabajo, etc.