jueves, 28 de julio de 2011

DOCUMENTO DE MAGISTRADOS LATINOS SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DROGAS Y DERECHOS HUMANOS - DECLARACION DE ROMA 2011

Quienes siguen PE! en Twitter -o quienes, al menos, hayan asomado su nariz a nuestra propuesta difusiva- habrán visto que del conjunto de noticias que sintetizamos cada mañana (nacionales e internacionales), un abultado subconjunto se emparenta con el #CRIMENORGANIZADO, el #NARCOTRÁFICO y el #LAVADODEDINERO.

Sobre estos topics prolifera la data diaria, tanto a nivel de las empresas periodísticas, como al de las agencias ejecutivas, legislativas, judiciales y policiales. Inclusive es nutrida la agenda de capacitación, principalmente en lo que atañe a blanqueo de capitales (de hecho, este blog ha encarado una difusión significativa al respecto -no sin tener en cuenta que la misma resulta obligatoria actualmente para ciertos sectores profesionales-).

No es novedoso: existe una situación de alarma mundial constante (y en aumento) que se emparenta con estas temáticas, a las que pueden sumarse algunos otros tópicos que usualmente circulan cerca del trío ya enunciado (por ej. #TERRORISMO y #CORRUPCIÓN).

En sentido crítico hacia dicha tendencia creciente supo pronunciarse de modo contundente en 2007 E. R. Zaffaroni, en la conferencia "Globalización y crimen organizado" (a cuyo texto puede accederse si se hace click AQUÍ).

Creemos que es enriquecedor brindar ese material de hace algunos años como para "nivelar" un poco las cosas y permitir que cada uno saque sus conclusiones a partir de su lectura y ponderación con el info-blitzkrieg diario con el que -nos hacemos cargo- en alguna cuota contribuimos.

Más allá de lo dicho, la idea de este post no consiste en acercar el texto de la conferencia a quienes aún no lo hayan aprovechado, sino en poner a disposición el material mencionado en el título de esta entrada, que es de reciente factura y fue suscripto, entre otros magistrados del continente, por los argentinos M. Vázquez Acuña, M. Cuñarro y G. J. Angriman.

Es breve, servirá para ahondar en la "nivelación" que nos parece importante promover y pensamos que, por su potencia, merecen destacarse los segmentos en los que se ha afirmado que:

- La legislación de emergencia en materia de drogas, como la de crimen rganizado y lavado de dinero (temas de la Convención de Viena de l961, respetando el derecho interno de cada país signatario), se ha modificado en los últimos 20 años en convenciones y leyes que violan el principio de legalidad, creando figuras de dudosa constitucionalidad, que violan el principios de defensa "pro homine", como los principios de lesividad y de proporcionalidad de las penas para los casos más nimios, dando como resultado la saturación del sistema judicial y carcelario con pequeños casos, desnaturalizando la función y rol judicial a nivel mundial y siendo funcionales a las organizaciones criminales y la corrupción.

- La legislación en materia de drogas, crimen organizado y lavado de activos asociados al primero, en tanto no afectan claros bienes jurídicos, confunden tentativa con consumación, con técnicas legislativas inadecuadas, con proliferación de verbos y conceptos, de los últimos 30 años; fueron políticamente creadas en muchos países con argumentos foráneos, sin base doctrinaria, sin confirmación empírica alguna, impactando en el sistema sanitario y en el sistema carcelario provocando problemas de hacinamiento con tasas elevadas que países como Italia o España no tenían, y que violan compromisos internacionales en la materia.

- Si ya sabìamos que las políticas de drogas eran un tema complejo por los psicofármacos en la década del 70, que esto empeoró con la irrupción de la cocaína en los 80, y se incrementó a partir de los 90, con una laxitud de los controles de delitos complejos que impliquen movimientos de dinero provenientes de delitos para ser transformados en dinero legal, hoy lo es aún más. Estamos en un Estado de Emergencia social y sanitaria.

- La falta de políticas preventivas en materia socio sanitarias como culturales, sumado a la falta de control de los Organismos Estatales involucrados, la falta de una clara política criminal estatal que se dirija a la criminalidad compleja (cohecho, corrupción de funcionarios públicos, evasión de impuestos, fuga y traspaso de divisas, contrabando de armas, lavado y tráfico entre otros), pone en evidencia que las reformas legales penales sólo han sido y son un "spot publicitario", que en el mejor de los casos, no sólo no resolvieron el grave problema del aumento de la demanda sino que no disminuyeron la oferta; y se han vuelto funcionales a verdaderos movimientos de dinero a nivel mundial que impiden conocer hoy con exactitud cuánto proviene del circuito ilegal del narcotráfico o si es mayor la comisión de delitos de cuello blanco o de corrupción.

- La judicatura carece de elementos y recursos tecnológicos que permitan obtener en tiempo y forma información valiosa para conocer operaciones sospechosas, cohechos, fugas de divisas, grandes fraudes y defraudaciones, tráfico, o de delitos que involucran al poder político como la corrupción, o la evasión de divisas, demostrando que el mero cambio legislativo es solo una cuestión de formas y no de fondo.

A continuación el documento completo.

DOCUMENTO DE MAGISTRADOS LATINOS SOBRE LA POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE DROGAS Y DERECHOS HUMANOS - DECLAR...

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